Guaymallén avanza en la regularización dominial de barrios con la colaboración del IPV

La Municipalidad firmó un convenio con la Provincia para facilitar el acceso a escrituras a miles de familias

La Municipalidad de Guaymallén, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Mendoza, acordó un nuevo mecanismo de colaboración destinado a ampliar el sistema de regularización dominial. La medida beneficiará a más de 2.500 familias que residen en barrios donde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intervino en la construcción de viviendas, aunque no figura como titular dominial de los terrenos.

Según explicó la escribana Silvana Inocenti, notaria a cargo y regularizadora de la comuna, el acuerdo permite destrabar situaciones complejas, especialmente en casos donde las viviendas fueron construidas por cooperativas o privados que ya no existen o no pueden escriturar.

«Estos convenios permiten que, aunque el IPV no sea titular, se pueda avanzar en la escrituración a través de un esquema especial previsto en la ley de regularización dominial. El Gobernador será quien otorgue la escritura, mientras que desde el municipio colaboraremos con el armado de los expedientes y la información a los barrios», detalló Inocenti.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta ahora —donde cada propietario debía avanzar individualmente— este convenio propone una solución colectiva, considerando al barrio o loteo en su conjunto, con un plano general ya registrado en Catastro. Esto permitirá agilizar los trámites y reducir costos, facilitando un proceso que históricamente fue lento y burocrático.

El intendente Marcos Calvente celebró este avance y destacó su impacto en la comunidad:

«Este paso es fundamental para muchas familias de Guaymallén que alguna vez confiaron en una cooperativa que encabezó el proyecto con todo en regla, pero que luego, por distintas circunstancias, se apartó y dejó a los vecinos sin la posibilidad de acceder a sus títulos. Esto busca reparar esa deuda y reconocer el esfuerzo de quienes pagaron por sus viviendas y esperaron durante años», afirmó.

La iniciativa apunta a reconocer el derecho de los vecinos a la propiedad y brindarles la seguridad jurídica que merecen, como parte de una política pública integral de inclusión y justicia habitacional.

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